Las instituciones policiales son parte del Sistema de Seguridad y Justicia. Por lo tanto, para que los servicios policiales logren mayores niveles de eficiencia y eficacia, las instituciones deben trabajar coordinada e integradamente con los otros actores del sistema.

Se promoverán cambios a partir de las necesidades de seguridad identificadas por las diferentes instancias de trabajo. Las transformaciones propuestas implicarán, en algunos aspectos, una revisión de la forma de organización de las instituciones de seguridad.

Se trabajará en la transformación del actual sistema de formación, inicial y continua, para que el ejercicio de la función policial sea exitoso en la protección de las personas y el respeto en el ejercicio de sus derechos. Estas modificaciones abarcarán los ámbitos de la gestión institucional, modelos pedagógicos, programas, mallas curriculares, construcción de una planta docente, infraestructura y una doctrina adecuada a los cambios y las necesidades de seguridad de la población.

La efectividad de la actividad policial y la legitimidad de las policías se relacionan directamente con la profesionalización de la institución y sus funcionarios. Una policía formada y capacitada no sólo comprende su función, sino también cómo ejercerla de manera adecuada y eficiente dentro del marco legal. Se espera que una policía con estándares de servicio ciudadano integre la profesionalización en todos sus escalafones, como un componente relevante para obtener ascensos y evitar los retiros anticipados.

Un elemento esencial de los procesos de reforma radica en el componente de legitimidad interna. Como funcionarios/as públicos, es necesario que los y las policías cuenten con las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, así como, de su bienestar personal.

Los territorios son espacios en donde la demanda de seguridad y percepción de inseguridad se experimentan de forma diferenciada. Los tiempos y las modalidades de intervención implican atender a esta particularidad, aportando con resultados sustentables según el tipo de estructura espacial y humana. La redistribución territorial de las dotaciones y los recursos logísticos permitirá una cobertura policial en función de las necesidades de cada comunidad en particular.

El ejercicio de los derechos ciudadanos exige la existencia del orden público. Su proceso de mantención y recuperación requiere ser constantemente evaluado y corregido.  Para cumplir con este objetivo, se revisarán y modificarán los modelos de actuación, las estrategias comunicacionales, los mecanismos de aseguramiento de la evidencia, entre otros. Asimismo, se desarrollarán sistemas de indicadores para medir la efectividad y el cumplimiento de protocolos.