REFORMA A LAS POLICÍAS

La reforma busca implementar mecanismos que aseguren un rol activo del poder civil en el control de la labor policial, su formación, su estructura organizacional, administrativa y financiera, y otros temas relacionados con el estándar de servicio público. Sin embargo, no basta solamente con mecanismos de control de las políticas policiales, sino que es necesario también que la institucionalidad estatal sea responsable de ellas.

La entrega de un servicio policial óptimo y multifacético, por la cantidad de actividades que realizan las instituciones, debe ir acompañada de una medición sólida de los indicadores de gestión y resultados policiales que permita que sean evaluados, para fomentar una mejora permanente en la entrega de los diversos servicios policiales -agrupados en la prevención, control y disminución del delito- y la reducción de las violencias que afectan a la ciudadanía.

Se implementarán políticas graduales de paridad y retención del personal femenino. Se promoverá la implementación de mecanismos de no discriminación en la selección del personal policial, la corrección de los desequilibrios de género, y sistemas de selección y asignación de cargos paritarios. Asimismo, el enfoque de género debe permear el ejercicio policial cotidiano que se expresa en la atención a víctimas, trato a los/las detenidos/as y disponibilidad de infraestructura, entre otros.

Es deber del Estado garantizar y respetar los Derechos Humanos que emanan de la dignidad inherente a la persona. La policía, en tanto agente del Estado que ostenta el monopolio y uso legítimo de la fuerza, debe respetar y proteger la dignidad humana y mantener y salvaguardar los derechos humanos de todas las personas. De ahí que en todas sus actividades se deben observar los principios de legalidad, necesidad, no discriminación, trato digno, proporcionalidad y humanidad.

La probidad y la transparencia son principios esenciales, e inherentes a toda institución pública, en un estado democrático. Dentro de los procesos de transparencia se reconoce el concepto de accountability policial como fundamental para incrementar el control externo sobre la gestión policial, y el reforzamiento de los controles internos de la propia institución.